Hasta fines de 2006 el negocio eólico en Argentina se regía por dos normas, una nacional y una provincial. La ley 25.019 (de 1999) básicamente preveía un subsidio para los proyectos, estabilidad fiscal por 15 años y diferimiento del pago del IVA. Además, Chubut agregaba la ley provincial 4.389 que sumaba una rentabilidad adicional a los incentivos nacionales.
Con eso, a los potenciales inversores (en general, compañías eléctricas) parecía no alcanzarles, máxime con el alto grado de intervención del Estado en las tarifas. De hecho, según la consultora Value Partners, que está estudiando el potencial del negocio en la Argentina, hasta mediados de 2006 había apenas 17 emplazamientos eólicos, que sumaban 44 molinos, fundamentalmente hechos por consorcios para consumos muy locales.
“Hasta allí, la rentabilidad de la energía eólica, aunque permitía reducir las emisiones de carbono, estaba al límite”, dice Luca Bosetti, engagement manager de la consultora.
Pero la ley 26.190, de diciembre de 2006, cambió las cosas. “En principio parecería complementar la 25.019 agregando subsidios de 0,015 pesos por kilowatt/hora (KWh) a los ya vigentes de $ 0,01 /KWh. Es decir, ahora los subsidios superan el doble de la situación previa, lo que hace el negocio sin duda rentable”, asegura Bosetti.
Además, la Resolución 220 de la Secretaría de Energía del Gobierno –en el marco del Plan de Energía Plus, que permitirá a las generadoras cobrar más por la electricidad que sumen al sistema–, habilitó el lunes pasado la celebración de contratos entre el mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y empresas que ofrezcan nueva capacidad de generación, aun cuando todavía no tengan inversiones en el rubro. Así, la norma garantiza a los potenciales inversores una demanda, una de las cuestiones más delicadas a la hora de decidir una apuesta de este tipo.
Entre los interesados hay capitales locales, portugueses, japoneses y españoles.
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